Para poner fin a un conflicto que ha durado más de 14 años, Argentina llegó a un acuerdo de más de $ 4.6 mil millones con sus principales acreedores, en una referencia a litigios de valores que tenía la suspensión de pagos en 2001, dijo el lunes! martes (29/02), el mediador del caso.
El acuerdo anunciado por el mediador designado por el tribunal de Nueva York, Daniel Pollack, estipula el pago del 75% del importe total, incluyendo principal e intereses, los cuatro mayores acreedores del país. "Este es un paso de gigante en esta cuestión a largo plazo, pero no es el paso final", dijo Pollack.
El acuerdo aún debe ser aprobado por el Congreso de la Nación, que también tiene que revocar las leyes promulgadas en la administración anterior que impiden que dichos pagos.
Argentina tiene hasta el 14 de abril para cumplir el compromiso. El país también se ha comprometido a pagar otros $ 235 millones en costos legales y para terminar otras disputas fuera de Nueva York. De acuerdo con el mediador, Argentina debe buscar crédito en el mercado internacional para pagar los fondos.
Las negociaciones entre la Argentina y los acreedores se movieron en diciembre del año pasado, cuando Mauricio Macri asumió el cargo. El acuerdo podría ayudar a reactivar la economía del país, para abrir las opciones de financiación.
larga disputa
En 2001, Argentina declaró una moratoria. la deuda de unos 100 millones de dólares del país, no tenía precio. La decisión ha sacudido la confianza de los inversores internacionales y empujó a las empresas extranjeras, por lo que es difícil obtener crédito en el mercado internacional.
Argentina negocia en Nueva York con los fondos - peyorativamente llamados "buitres" por parte del gobierno del ex presidente Cristina Kirchner - que no aceptaron las propuestas de reestructuración de deuda realizadas por Buenos Aires entre 2005 y 2010 y todavía mantener títulos de deuda de edad, antes del default de 2001.
Estos fondos recurrido a la corte en Nueva York para recibir el valor total de los valores. El gobierno argentino argumentó que no podía pagar porque los títulos de deuda reestructurados contienen llamada cláusula de Rufo, que a finales de 2014, impidió resolver con los acreedores una oferta mejor que la obtenida por los que aceptaron la reestructuración.
La disputa se extendió sobre el año 2015, pero con el cambio de gobierno, una nueva propuesta fue presentada a los acreedores, que aceptaron un 25% cae sobre la deuda total.
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