Más de 500.000 personas solicitan la tarjeta fronteriza para entrar en el país vecino.
La oposición planea una huelga general "cívica" de 48 horas en protesta contra Maduro
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La sociedad venezolana necesitará lidiar con las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, fijadas por el Gobierno de Nicolás Maduro para ese domingo, sumergida en un clima de enorme tensión. La situación se reflejó al comienzo de la semana en una imagen elocuente, que se repitió en varios puntos de la frontera con Colombia. Decenas de miles de personas - 33.000 el lunes - cruzaron la frontera al país vecino ante la incertidumbre y el desabastecimiento que afecta a Venezuela, en lo que significa un aumento del flujo migratorio que suele ocurrir en los momentos de mayor crisis.
El paso fronterizo que recibió la mayor cantidad de gente fue la de Cúcuta, capital del departamento del Norte de Santander, por donde pasaron más de 26.000 personas. Miles de ellas regresaron el mismo día después de comprar alimentos y productos básicos. Alrededor de 2.000 venezolanos, de acuerdo con las autoridades colombianas, entraron con la intención de viajar a Ecuador, Perú y Chile.
Los residentes en Venezuela que ya solicitaron un documento llamado Tarjeta de Movilidad Fronteriza, creado recientemente para regular la inmigración, llegan a 560.000 aproximadamente. El régimen de Maduro cerró la frontera en agosto de 2015 y la reabrió un año después. En 2016 ya ocurrieron en momentos puntuales grandes éxodos a Colombia. Durante un fin de semana de apertura temporal entraron a finales del año pasado alrededor de 150.000 personas.
Ahora la incertidumbre vuelve a extenderse por Venezuela por las circunstancias políticas. El miércoles y jueves se producirá una "paralización cívica" de 48 horas convocada por los partidos de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) contra el proceso constituyente llevado a cabo por Maduro. La huelga debe paralizar parte del país durante dos días, como ya ocurrió la semana pasada en una primera paralización de 24 horas. Las autoridades de Colombia, que intentan minimizar lo ocurrido, atribuyen a esas circunstancias el aumento del tránsito en la frontera terrestre.
Tensiones e insultos
Las relaciones entre los dos países no atravesan su mejor momento. El Gobierno venezolano acusó abiertamente esta semana al Ejecutivo de Juan Manuel Santos de conspirar, con la CIA y México, para derribar a Maduro. Y el sucesor de Hugo Chávez se dirige cada vez más a menudo a su homólogo colombiano con improperios e insultos. "El presidente Santos necesita pedir la bendición, compadre, porque somos sus padres. Santos, pida la bendición, compadre. Se inclina, se arrodilla delante de su padre. "Soy su padre", afirmó recientemente.
La cancillería colombiana ha negado tácitamente la existencia de un plan de injerencia y que tiene la intención de intervenir de alguna forma en Venezuela en el futuro. Pero Maduro no le gustó el hecho de que Santos pidiera expresamente, en al menos dos ocasiones, la cancelación de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, alineándose a la oposición al Gobierno y con sectores del chavismo críticos con los rumbos del régimen.
EL COMPLEJO CONTROL DE UNA FRONTERA COMPLICADA
La frontera entre Colombia y Venezuela fue varias veces motivo de disputa entre los dos países. A lo largo de los 2.200 kilómetros no ocurren sólo decenas de miles de desplazamientos diarios.
En marzo, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, envió una protesta a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, por la incursión de un centenar de militares que se instalaron por dos días a orillas del río Arauca. "Para Colombia es totalmente inaceptable esa situación", dijo en ese momento el mandatario. Ahora su Gobierno ha reforzado los controles en la frontera para enfrentar un brote de fiebre aftosa detectado a finales de junio y con origen en Venezuela. Las medidas incluyen una presencia militar más grande en la frontera, el fortalecimiento de la vigilancia aérea e incluso recompensas para quienes denuncian el contrabando de ganado en la región. El plan intenta proteger alrededor de 450.000 cabezas de ganado afectadas, informa la AFP.
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